El Gobierno deja en evidencia a Wert y a Lassalle una vez más obligándoles a aprobar un importe para copia privada muy inferior al comprometido

Sgae | 24 noviembre, 2014

La orden ministerial ECD/2166/2014 publicada este jueves en el BOE establece una cuantía de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de cinco millones de euros. Esta cifra es muy inferior a los 15,3 millones que determina el informe encargado a tal efecto por el propio Gobierno y que, aunque ya fue duramente criticado por las entidades de gestión por su nulo rigor ya que estaba claramente diseñado para que la cuantía a compensar fuera lo más baja posible, parece que es un nuevo caso claro de dilapidación del dinero publico al encargarse para no utilizarse.

Este hecho supone una nueva burla al colectivo de creadores e industrias culturales por cuanto contradice las promesas del ministro de Educación, Cultura y Deporte y del viceportavoz del PP en la Comisión de Cultura, quienes aseguraron, este último en sede parlamentaria, que la cuantía estaría alrededor de los 15 millones de euros.

La determinación de una cuantía muy inferior a la que los propios expertos del Gobierno establecen confirma la pertinencia de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Supremo de España, especialmente la que cuestiona que el importe de la compensación equitativa por copia privada esté condicionado por el límite presupuestario aprobado por el Gobierno y no por el daño real causado a los titulares de derechos tal como obliga la Directiva comunitaria.

La metodología aplicada por el Gobierno castiga arbitrariamente al sector cultural, que ha dejado de percibir en estos tres años más de 300 millones de euros que en rigor y justicia le correspondían y recibirá en cambio una bajísima cantidad, ridícula en comparación con la establecida en Francia, Alemania o Italia, que además no respeta el ordenamiento comunitario. Mientras que se pretende que compita con esos países se coloca a España a la altura de países como Letonia o Rumanía.

Se trata por tanto de un paso más en la huida hacia adelante que emprendió el Gobierno con la aprobación del cambio de sistema, en la que ha llegado al extremo de aprobar recientemente, sin consenso político y de espaldas al sector cultural, una Ley de Propiedad Intelectual que modifica el concepto de copia privada con el único fin, públicamente reconocido por la Secretaría de Estado de Cultura, de reducir el importe de la compensación, sin importar que se convierta en potenciales piratas a la inmensa mayoría de ciudadanos, porque convierte en ilícitas la mayoría de copias que realizan, en contra del criterio del Consejo de Estado y como ya han denunciado las asociaciones de consumidores.

Esto demuestra el escaso apego de este Gobierno a la cultura, no importándole reducir injusta e injustificadamente las rentas de los artistas, autores, editores y productores además de dificultar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios culturales, todo ello en un contexto de dramática recesión por la que, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2014 publicado este mismo mes de noviembre, ha descendido de forma importante la aportación de la industria cultural al PIB español.

Por todo ello, es una temeridad proseguir con un sistema cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo por el Consejo de Estado, además de por el Tribunal Supremo, con una inflexibilidad frente a todos los argumentos que incluso podría dar lugar a prevaricación.

Que se invierta el dinero de todos los españoles en encargar informes para luego ser totalmente ignorados, o que la previsión presupuestaria, y no el perjuicio realmente causado, sea lo que determina la cuantía a compensar, ignorando las directivas comunitarias y al propio Tribunal Supremo, augura una más que probable sanción al Estado español. Sería bueno que los ciudadanos y los partidos políticos tengan memoria y, cuando se produzcan las oportunas sanciones contra España por la contumacia en el error de algunos de sus responsables políticos, exijan las oportunas  responsabilidades a quienes han impuesto semejante aberración jurídica

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